Entrevista
a Iñigo Iturrate Ibarra, Director de Igualdad y Derechos
Ciudadanos.
Íñigo Iturrate
Ibarra, funcionario del Departamento de Cultura de la Diputación
Foral de Bizkaia, ocupó la Vicepresidencia de Juntas Generales
de Bizkaia desde 1995 a 2003, y fue designado portavoz del Partido
Nacionalista Vasco en la anterior legislatura (2003-2007). Transcurridos
16 años ejerciendo como apoderado de las Juntas Generales
de Bizkaia, tras las elecciones de mayo resultó elegido
para presidir la Dirección General de Igualdad y Derechos
Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia.
Tras su trayectoria como portavoz
del PNV en las Juntas Generales de Bizkaia, en julio es nombrado
Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos para la actual legislatura,
¿cómo valora el cambio?
Lo valoro y lo asumo como un reto
personal y político. El hecho de la creación de
la Dirección, así como el nombramiento de una persona
con mi perfil político, da prueba del compromiso del PNV
con la promoción de los Derechos de la ciudadanía.
Bajo el enunciado de “todos los derechos para todas las
personas”, se pretende visualizar ese compromiso y ponerlo
en primer plano de la agenda política. En lo personal,
es cierto que se trata de un cambio radical de una Institución
Parlamentaria a un área de gestión, pero en definitiva
no es más que el mismo trabajo en defensa de los Derechos
Humanos, la Igualdad y la Solidaridad desde otra atalaya distinta.
Cooperación,
Mujer e Igualdad de Oportunidades, e Inmigración: cuatro
ámbitos de los que se ocupa su Unidad, ¿qué
elemento o elementos de cohesión comparten?
A simple vista puede parecer que
son temas demasiado variados e inconexos, pero en realidad estamos
hablando en todos los casos de lo mismo: de derechos,
derechos de ciudadanía. Derecho a la Igualdad independientemente
del género, del origen, de la orientación sexual...
Cuando el Diputado general en su discurso de investidura encomienda
a esta Dirección la lucha por la defensa de “todos
los derechos para todas las personas”, estamos hablando
de todo eso. De una sociedad en el que nacer hombre o mujer, nacer
en Bilbao o en Medellín, ser homosexual o heterosexual...
no suponga causa de desigualdad en los derechos, no sólo
de manera nominal sino real y efectiva.
¿En
qué momento del devenir político los poderes públicos
miraron hacia el fenómeno de la desigualdad entre mujeres
y hombres? ¿Cuándo se tomó conciencia de
que el fenómeno de la violencia de género excede
la esfera de lo privado?
Cuando las sociedades empiezan a reclamar
los derechos ciudadanos, a tomar conciencia de la dignidad de
las personas y de la universalidad de los derechos, lo suelen
hacer de un modo sesgado, sin tener en cuenta a la mitad de la
población que forman las mujeres.
En el caso de la sociedad vasca, yo diría que fue a mediados
de los ochenta cuando los poderes públicos asumimos la
situación de desigualdad en la que se encontraba la población
femenina. Por eso, se trabajó en la creación en
1988 de un Instituto Vasco de la Mujer que tuviera como mandato
el de luchar por alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres
y hombres en todos los ámbitos de la vida política,
económica, cultural y social del País Vasco.
“Los
poderes públicos debemos no sólo legislar
y ejecutar las leyes que persigan estas conductas sino,
sobre todo, evitar que esta violencia se produzca. Trabajamos
para ello en la concienciación de la sociedad, en
crear una cultura de igualdad, en favorecer el respeto efectivo
a la igualdad de la mujer, en contra de la difusión
de imágenes que hagan perdurar el mantenimiento de
roles y estereotipos…” |
Si bien éste fue un primer
e importante paso, quizás ha sido la más reciente
Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres la que ha marcado
un hito en el reconocimiento jurídico de la igualdad de
derechos y, paralelamente, en la concienciación de las
administraciones vascas y la sociedad en general de la necesidad
de corregir los desequilibrios existentes. Sin embargo, no deberíamos
caer en la trampa de creer que por el solo reconocimiento jurídico
se ha alcanzado ya la igualdad, ni de cerrar los ojos a las situaciones
de discriminación efectiva que todavía se producen
(demasiado frecuente y notoriamente) en nuestra sociedad.
En lo relativo a la violencia de género y a la superación
de un ámbito estrictamente privado, hay que reconocer que,
aunque los movimientos de mujeres venían denunciando desde
los setenta el maltrato que sufrían muchas mujeres, a mediados
de los ochenta los códigos penales consideraban todavía
la relación conyugal como atenuante de los delitos de maltrato.
Sólo con la mayor presencia en los medios de comunicación
de casos de violencia contra las mujeres y todo el acervo preparativo
de las leyes de igualdad se está logrando desterrar el
viejo concepto por el que el maltrato se circunscribía
exclusivamente a la esfera privada. Por tratar de poner una fecha,
posiblemente sea el caso de Ana Orantes, asesinada en 1997 por
su marido tras haber denunciado en un programa de televisión
los maltratos a los que éste la sometía, el que
marcó el inicio de la información mediática
sobre la violencia de género y consiguió que el
maltrato a las mujeres pasara a ser un tema público.
“Hay una ‘acción
positiva’ histórica y cultural que ha favorecido
y favorece a los hombres en la esfera pública. Las
leyes de paridad tratan de compensar esta ‘acción
positiva’ con otra, para que simplemente se produzca
de hecho la situación a la que, de existir igualdad,
se llegaría sin intervención alguna” |
Prácticamente
a diario leemos o escuchamos noticias sobre comisión de
delitos de violencia contra las mujeres por motivos de género,
¿contribuyen los medios de comunicación a la labor
de sensibilización social a la ciudadanía o, por
el contrario, a adormecer su indignación? ¿Dónde
debe el tratamiento informativo situar los límites?
Como venía diciendo, los
medios de comunicación y la información sobre delitos
de violencia contra mujeres están siendo herramientas muy
útiles para sacar este tema del espacio privado y convertirlo
en una cuestión principal en las agendas políticas.
En la sociedad actual, estos medios se convierten en un vehículo
prácticamente imprescindible para llegar a la sociedad.
Tanto las campañas institucionales que se valen de prensa,
radio, televisión…, como el tratamiento que dichos
medios hacen de las noticias relacionadas con la violencia de
género, contribuyen a crear una conciencia social de que
nos hayamos ante un problema que es de toda la sociedad. Nos ayudan
a entender que estamos ante delitos que deben ser perseguidos,
a conocer las posibilidades de defensa con que cuentan las mujeres,
a saber cuáles son los recursos asistenciales a los que
pueden acudir y, de un modo básico, a generar una conciencia
de rechazo social que ayude a prevenir las manifestaciones de
violencia hacia las mujeres.
No obstante, es también cierto que en muchas ocasiones
el tratamiento de estos casos cae en el amarillismo y el morbo.
Es más, la cobertura mediática que se da al delito
de violencia por cuestión de género no debe hacernos
olvidar que, en general, los medios de comunicación no
dan igual tratamiento a la mujer que al hombre y que siguen representando
a las mujeres en papeles secundarios y tradicionales. Teniendo
en cuenta que la violencia de género proviene de la desigualdad,
además de visibilizar delitos por cuestiones de género
los medios de comunicación tienen aún la tarea pendiente
de dejar de representar modelos de feminidad que perpetúan
las relaciones de dependencia y sumisión de la mujer al
hombre.
”Los
observatorios de violencia de género permiten conocer
de una manera directa los datos reales de la violencia de
género, ofrecen un punto de información importante
para las mujeres, hacen un seguimiento de las políticas
institucionales y cumplen un importante papel de sensibilización” |
¿Cuál
sería el mensaje para quienes no relacionan la existencia
del maltrato con la prevalencia de la desigualdad de mujeres y
hombres? y ¿para quienes cuestionan la aplicación
por ley de medidas paritarias, v. gr.: en los espacios de participación
política y toma de decisiones?
Es generalmente aceptado que la
violencia de género es consecuencia y reflejo de un sentimiento
de superioridad de un hombre ante su pareja, de una percepción
—por tanto— de desigualdad y de poder que le lleva
a asumir un rol de “tirano o dictador” en la pequeña
sociedad que es la familia. Una sociedad que contribuya a perpetuar
el rol del hombre como “señor” de su casa y
de la mujer como “esposa sumisa” es un caldo de cultivo
ideal para el mantenimiento de la violencia de género y
del sentimiento de impunidad de quienes agreden y asesinan a sus
mujeres.
Los poderes públicos debemos, no sólo legislar y
ejecutar las leyes que persigan estas conductas sino, sobre todo,
evitar que esta violencia se produzca. Trabajamos para ello en
la concienciación de la sociedad, en crear una cultura
de igualdad, en favorecer el respeto efectivo a la igualdad de
la mujer, en contra de la difusión de imágenes que
hagan perdurar el mantenimiento de roles y estereotipos…
En cuanto a las medidas paritarias, es obvio que ante situaciones
de desigualdad los poderes públicos deben utilizar herramientas
que provoquen la ruptura de esas tendencias. Los poderes públicos
tenemos la responsabilidad de provocar el cambio, de contribuir
de una manera efectiva a la creación de una nueva sociedad
en la que mujeres y hombres contribuyan al progreso económico,
sin abandonar su vida personal y doméstica.
Hay una “acción positiva” histórica
y cultural que ha favorecido y favorece a los hombres en la esfera
pública. Las leyes de paridad tratan de compensar esta
“acción positiva” con otra, para que simplemente
se produzca de hecho la situación a la que, de existir
igualdad, se llegaría sin intervención alguna.
¿Planes,
programas, actuaciones concretas merecedoras de ser subrayadas,
previstas desde la nueva Dirección General de Igualdad
y Derechos Ciudadanos frente al avance de la igualdad y contra
los malos tratos infligidos a las mujeres?
Si bien la Dirección General
de Igualdad y Derechos Ciudadanos es de nueva creación,
hereda el trabajo y trayectoria de la Secretaría Técnica
de Políticas de Género que ha sido una de las unidades
institucionales precursoras en materia de igualdad de mujeres
y hombres. El trabajo principal de la Secretaría se centra
en la sensibilización, en la toma de conciencia de la desigualdad
para poder actuar contra ella. Y lo hace tanto a nivel de campañas
públicas, como de la colaboración con administraciones
locales, entidades, organismos, asociaciones… en la elaboración
e implantación de sus propios planes y proyectos de igualdad.
Estos planes y actuaciones concretas contribuyen, a modo de gran
red, a fomentar una cultura y una sociedad sin discriminación.
Como novedades para la próxima legislatura, nos planteamos
cuestiones varias entre las que destacan:
- Una revisión del Plan Foral de Igualdad.
- Un replanteamiento de la Comisión Interdepartamental
(Berdintasuna Taldea) en la que participan representantes de
los distintos departamentos de la Diputación y cuya finalidad
es la de transversalizar la perspectiva de género. Nuestro
ánimo es el de obtener un mayor protagonismo e implicación
de los cargos directivos de estos departamentos.
- La aprobación de una Norma Foral de Igualdad para el
ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia.
Por otra parte, la Dirección participa en el Observatorio
de la Violencia de Género en Bizkaia, colaborando en el
trabajo de este órgano.
“Derechos, derechos
de ciudadanía. Derecho a la Igualdad independientemente
del género, del origen, de la orientación
sexual...” |
Una última
cuestión: ¿los observatorios de violencia de género
satisfacen las expectativas generadas en el momento de su creación?
Desde un punto de vista estricto,
las expectativas no estarán satisfechas hasta que no acabemos
con la realidad de desigualdad y violencia por cuestiones de género.
Los observatorios de violencia de género son, por tanto,
una herramienta más en esta lucha, herramienta que tiene
la gran virtud de integrar a representantes de distintas instancias
administrativas que abordan desde perspectivas diferentes el problema
de la violencia de género. Ello permite plantear recomendaciones
y pautas de acción que tengan en cuenta dichas perspectivas
y que supongan una actuación más eficaz e integral
contra dicho fenómeno.
Además, los observatorios de violencia de género
permiten conocer de una manera directa los datos reales de la
violencia de género, ofrecen un punto de información
importante para las mujeres, hacen un seguimiento de las políticas
institucionales y cumplen un importante papel de sensibilización.

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