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Boletín OVGB
Marzo 2008 | Número 8


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Imagen de TemasEntrevista a Iñigo Iturrate Ibarra, Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos.

Íñigo Iturrate Ibarra, funcionario del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, ocupó la Vicepresidencia de Juntas Generales de Bizkaia desde 1995 a 2003, y fue designado portavoz del Partido Nacionalista Vasco en la anterior legislatura (2003-2007). Transcurridos 16 años ejerciendo como apoderado de las Juntas Generales de Bizkaia, tras las elecciones de mayo resultó elegido para presidir la Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Tras su trayectoria como portavoz del PNV en las Juntas Generales de Bizkaia, en julio es nombrado Director de Igualdad y Derechos Ciudadanos para la actual legislatura, ¿cómo valora el cambio?

Lo valoro y lo asumo como un reto personal y político. El hecho de la creación de la Dirección, así como el nombramiento de una persona con mi perfil político, da prueba del compromiso del PNV con la promoción de los Derechos de la ciudadanía. Bajo el enunciado de “todos los derechos para todas las personas”, se pretende visualizar ese compromiso y ponerlo en primer plano de la agenda política. En lo personal, es cierto que se trata de un cambio radical de una Institución Parlamentaria a un área de gestión, pero en definitiva no es más que el mismo trabajo en defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Solidaridad desde otra atalaya distinta.

Cooperación, Mujer e Igualdad de Oportunidades, e Inmigración: cuatro ámbitos de los que se ocupa su Unidad, ¿qué elemento o elementos de cohesión comparten?

A simple vista puede parecer que son temas demasiado variados e inconexos, pero en realidad estamos hablando en todos los casos de lo mismo: de derechos, derechos de ciudadanía. Derecho a la Igualdad independientemente del género, del origen, de la orientación sexual... Cuando el Diputado general en su discurso de investidura encomienda a esta Dirección la lucha por la defensa de “todos los derechos para todas las personas”, estamos hablando de todo eso. De una sociedad en el que nacer hombre o mujer, nacer en Bilbao o en Medellín, ser homosexual o heterosexual... no suponga causa de desigualdad en los derechos, no sólo de manera nominal sino real y efectiva.

¿En qué momento del devenir político los poderes públicos miraron hacia el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres? ¿Cuándo se tomó conciencia de que el fenómeno de la violencia de género excede la esfera de lo privado?

Cuando las sociedades empiezan a reclamar los derechos ciudadanos, a tomar conciencia de la dignidad de las personas y de la universalidad de los derechos, lo suelen hacer de un modo sesgado, sin tener en cuenta a la mitad de la población que forman las mujeres.

En el caso de la sociedad vasca, yo diría que fue a mediados de los ochenta cuando los poderes públicos asumimos la situación de desigualdad en la que se encontraba la población femenina. Por eso, se trabajó en la creación en 1988 de un Instituto Vasco de la Mujer que tuviera como mandato el de luchar por alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

“Los poderes públicos debemos no sólo legislar y ejecutar las leyes que persigan estas conductas sino, sobre todo, evitar que esta violencia se produzca. Trabajamos para ello en la concienciación de la sociedad, en crear una cultura de igualdad, en favorecer el respeto efectivo a la igualdad de la mujer, en contra de la difusión de imágenes que hagan perdurar el mantenimiento de roles y estereotipos…”

Si bien éste fue un primer e importante paso, quizás ha sido la más reciente Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres la que ha marcado un hito en el reconocimiento jurídico de la igualdad de derechos y, paralelamente, en la concienciación de las administraciones vascas y la sociedad en general de la necesidad de corregir los desequilibrios existentes. Sin embargo, no deberíamos caer en la trampa de creer que por el solo reconocimiento jurídico se ha alcanzado ya la igualdad, ni de cerrar los ojos a las situaciones de discriminación efectiva que todavía se producen (demasiado frecuente y notoriamente) en nuestra sociedad.

En lo relativo a la violencia de género y a la superación de un ámbito estrictamente privado, hay que reconocer que, aunque los movimientos de mujeres venían denunciando desde los setenta el maltrato que sufrían muchas mujeres, a mediados de los ochenta los códigos penales consideraban todavía la relación conyugal como atenuante de los delitos de maltrato. Sólo con la mayor presencia en los medios de comunicación de casos de violencia contra las mujeres y todo el acervo preparativo de las leyes de igualdad se está logrando desterrar el viejo concepto por el que el maltrato se circunscribía exclusivamente a la esfera privada. Por tratar de poner una fecha, posiblemente sea el caso de Ana Orantes, asesinada en 1997 por su marido tras haber denunciado en un programa de televisión los maltratos a los que éste la sometía, el que marcó el inicio de la información mediática sobre la violencia de género y consiguió que el maltrato a las mujeres pasara a ser un tema público.

“Hay una ‘acción positiva’ histórica y cultural que ha favorecido y favorece a los hombres en la esfera pública. Las leyes de paridad tratan de compensar esta ‘acción positiva’ con otra, para que simplemente se produzca de hecho la situación a la que, de existir igualdad, se llegaría sin intervención alguna”

Prácticamente a diario leemos o escuchamos noticias sobre comisión de delitos de violencia contra las mujeres por motivos de género, ¿contribuyen los medios de comunicación a la labor de sensibilización social a la ciudadanía o, por el contrario, a adormecer su indignación? ¿Dónde debe el tratamiento informativo situar los límites?

Como venía diciendo, los medios de comunicación y la información sobre delitos de violencia contra mujeres están siendo herramientas muy útiles para sacar este tema del espacio privado y convertirlo en una cuestión principal en las agendas políticas.

En la sociedad actual, estos medios se convierten en un vehículo prácticamente imprescindible para llegar a la sociedad. Tanto las campañas institucionales que se valen de prensa, radio, televisión…, como el tratamiento que dichos medios hacen de las noticias relacionadas con la violencia de género, contribuyen a crear una conciencia social de que nos hayamos ante un problema que es de toda la sociedad. Nos ayudan a entender que estamos ante delitos que deben ser perseguidos, a conocer las posibilidades de defensa con que cuentan las mujeres, a saber cuáles son los recursos asistenciales a los que pueden acudir y, de un modo básico, a generar una conciencia de rechazo social que ayude a prevenir las manifestaciones de violencia hacia las mujeres.

No obstante, es también cierto que en muchas ocasiones el tratamiento de estos casos cae en el amarillismo y el morbo. Es más, la cobertura mediática que se da al delito de violencia por cuestión de género no debe hacernos olvidar que, en general, los medios de comunicación no dan igual tratamiento a la mujer que al hombre y que siguen representando a las mujeres en papeles secundarios y tradicionales. Teniendo en cuenta que la violencia de género proviene de la desigualdad, además de visibilizar delitos por cuestiones de género los medios de comunicación tienen aún la tarea pendiente de dejar de representar modelos de feminidad que perpetúan las relaciones de dependencia y sumisión de la mujer al hombre.

”Los observatorios de violencia de género permiten conocer de una manera directa los datos reales de la violencia de género, ofrecen un punto de información importante para las mujeres, hacen un seguimiento de las políticas institucionales y cumplen un importante papel de sensibilización”

¿Cuál sería el mensaje para quienes no relacionan la existencia del maltrato con la prevalencia de la desigualdad de mujeres y hombres? y ¿para quienes cuestionan la aplicación por ley de medidas paritarias, v. gr.: en los espacios de participación política y toma de decisiones?

Es generalmente aceptado que la violencia de género es consecuencia y reflejo de un sentimiento de superioridad de un hombre ante su pareja, de una percepción —por tanto— de desigualdad y de poder que le lleva a asumir un rol de “tirano o dictador” en la pequeña sociedad que es la familia. Una sociedad que contribuya a perpetuar el rol del hombre como “señor” de su casa y de la mujer como “esposa sumisa” es un caldo de cultivo ideal para el mantenimiento de la violencia de género y del sentimiento de impunidad de quienes agreden y asesinan a sus mujeres.

Los poderes públicos debemos, no sólo legislar y ejecutar las leyes que persigan estas conductas sino, sobre todo, evitar que esta violencia se produzca. Trabajamos para ello en la concienciación de la sociedad, en crear una cultura de igualdad, en favorecer el respeto efectivo a la igualdad de la mujer, en contra de la difusión de imágenes que hagan perdurar el mantenimiento de roles y estereotipos…

En cuanto a las medidas paritarias, es obvio que ante situaciones de desigualdad los poderes públicos deben utilizar herramientas que provoquen la ruptura de esas tendencias. Los poderes públicos tenemos la responsabilidad de provocar el cambio, de contribuir de una manera efectiva a la creación de una nueva sociedad en la que mujeres y hombres contribuyan al progreso económico, sin abandonar su vida personal y doméstica.

Hay una “acción positiva” histórica y cultural que ha favorecido y favorece a los hombres en la esfera pública. Las leyes de paridad tratan de compensar esta “acción positiva” con otra, para que simplemente se produzca de hecho la situación a la que, de existir igualdad, se llegaría sin intervención alguna.

¿Planes, programas, actuaciones concretas merecedoras de ser subrayadas, previstas desde la nueva Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos frente al avance de la igualdad y contra los malos tratos infligidos a las mujeres?

Si bien la Dirección General de Igualdad y Derechos Ciudadanos es de nueva creación, hereda el trabajo y trayectoria de la Secretaría Técnica de Políticas de Género que ha sido una de las unidades institucionales precursoras en materia de igualdad de mujeres y hombres. El trabajo principal de la Secretaría se centra en la sensibilización, en la toma de conciencia de la desigualdad para poder actuar contra ella. Y lo hace tanto a nivel de campañas públicas, como de la colaboración con administraciones locales, entidades, organismos, asociaciones… en la elaboración e implantación de sus propios planes y proyectos de igualdad. Estos planes y actuaciones concretas contribuyen, a modo de gran red, a fomentar una cultura y una sociedad sin discriminación.

Como novedades para la próxima legislatura, nos planteamos cuestiones varias entre las que destacan:

  1. Una revisión del Plan Foral de Igualdad.
  2. Un replanteamiento de la Comisión Interdepartamental (Berdintasuna Taldea) en la que participan representantes de los distintos departamentos de la Diputación y cuya finalidad es la de transversalizar la perspectiva de género. Nuestro ánimo es el de obtener un mayor protagonismo e implicación de los cargos directivos de estos departamentos.
  3. La aprobación de una Norma Foral de Igualdad para el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia.

Por otra parte, la Dirección participa en el Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, colaborando en el trabajo de este órgano.

“Derechos, derechos de ciudadanía. Derecho a la Igualdad independientemente del género, del origen, de la orientación sexual...”

Una última cuestión: ¿los observatorios de violencia de género satisfacen las expectativas generadas en el momento de su creación?

Desde un punto de vista estricto, las expectativas no estarán satisfechas hasta que no acabemos con la realidad de desigualdad y violencia por cuestiones de género. Los observatorios de violencia de género son, por tanto, una herramienta más en esta lucha, herramienta que tiene la gran virtud de integrar a representantes de distintas instancias administrativas que abordan desde perspectivas diferentes el problema de la violencia de género. Ello permite plantear recomendaciones y pautas de acción que tengan en cuenta dichas perspectivas y que supongan una actuación más eficaz e integral contra dicho fenómeno.

Además, los observatorios de violencia de género permiten conocer de una manera directa los datos reales de la violencia de género, ofrecen un punto de información importante para las mujeres, hacen un seguimiento de las políticas institucionales y cumplen un importante papel de sensibilización.

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